“Metodología del precio socialista”
NERIO ENRIQUE ROMERO | EL UNIVERSAL
lunes 20 de septiembre de 2010 04:12 PM
El Gobierno se ha dedicado a promocionar el “precio socialista”, frente a lo que él llama el “precio capitalista”, en una actitud en apariencia inscrita dentro de lo que se conoce como competencia en la economía de mercado. Pero vaya competencia: la promoción del precio socialista se hace desde un canal del Estado y hasta en cadena de radio y televisión, por parte de quien concentra en sus manos el poder para sancionar a sus “competidores”, cerrar sus negocios, imponerles trabas comerciales y burocráticas, establecerles tasas de cambio diferenciales, cobrarles impuestos, acusarles y enjuiciarles penalmente, arrebatarles sus activos y, por si algo de eso fallase, cambiar las leyes que los rigen. Lo que ya puede llamarse economía estatal, en su relación con la economía social (la del resto de la sociedad) debe constituir un buen tema para el estudio del fenómeno de la competencia. Pero dejemos eso a un lado y preguntemos, al Gobierno y a los economistas (gobierneros, opositores o indiferentes): ¿Cómo se calcula eso que el Gobierno llama “precio socialista”?:
1) ¿Están incluidos todos los costos y gastos en el cálculo del precio socialista? Mencionaré algunos que muy probablemente no lo estén, y mi suposición sobre lo que está pasando con ellos realmente. Primero, las prestaciones sociales de los trabajadores de las productoras, distribuidoras y comercializadoras del Gobierno, ¿están incluidas en ese cálculo? (mis hipótesis: están pasando a ser un pasivo en las cuentas por pagar del Estado, para que alguien en el futuro las pague mediante un crédito adicional; o podrían estarse evadiendo todas o parte de ellas, en desmedro de los trabajadores). Segundo, los costos de la infraestructura en uso y su equipamiento, derivados de su adquisición, construcción, alquiler, y mantenimiento, ¿se están incluyendo en ese precio? (sospecho que no, y que buena parte de ellos está afectando el gasto de diversos entes del Estado, o el patrimonio de entes tipo Pdvsa o Fogade). Tercero, los gastos de transporte, en que a menudo se observa el uso de vehículos y equipos oficiales, incluso militares, ¿se están incluyendo en el cálculo de ese precio? (parece obvio que la respuesta es no). Cuarto, los salarios de empleados públicos (civiles y militares, desde el presidente y ministros hasta los obreros de diversos organismos) que participan en la comercialización, promoción, logística, etc., ¿están incluidos? (respuesta obvia también).
Quinto, el capital necesario para la ampliación y/o simple renovación de la infraestructura y equipos de las productoras, distribuidoras y comercializadoras del Estado, ¿está previsto y considerado en el precio socialista? (hipótesis: es poco probable, bajo el criterio de que de algún bolsillo público o privado saldrá la plata). Podrían incluirse otros costos y gastos más (piensa mal y acertarás) que con toda seguridad no están incluidos en el precio, pero complicaríamos este ejercicio. Suponiendo que acertamos, y que los costos mencionados arriba no están incluidos en los promocionados precios socialistas, me atrevería a lanzar una hipótesis: cuando el Gobierno, por ejemplo, dice que el “precio capitalista” es 10 bolívares y el “precio socialista” es 6, es casi seguro que el verdadero precio socialista sea 12 bolívares. Usted paga en la caja 6 bolívares, pero del otro bolsillo le están sacando los otros 6 en forma de impuestos o de dilapidación de su parte en el patrimonio público y la renta petrolera. Cuando la empresa privada nos suministra un bien a un determinado precio, podemos estar bastante seguros de que ella se está haciendo cargo de todos los costos; mientras que cuando el Gobierno “socialista” nos dice que nos lo vende por la mitad, está escondiendo una parte del costo la cual de todas maneras nos va a cobrar.
2) ¿Pagan todas las productoras, distribuidoras y comercializadoras del Gobierno todos los impuestos: nacionales, municipales, aranceles de importación, etc., que pagan las empresas privadas? ¿Han cerrado alguna vez un Mercal o Bicentenario por estar moroso con el IVSS o el Seniat? (Hipótesis: esta es otra forma de desvanecer costos ocultos, que se traduce en menos recursos para la educación, la salud, la vialidad, la seguridad, etc.).
¿Se animaría algún funcionario del Gobierno a buscar una respuesta seria a estas preguntas? Lo dudamos, tomando en cuenta la manera desaprensiva y demagógica de tratar los asuntos económicos en las cadenas gubernamentales. Sin ánimo de ofender, creo que incluso es razonable preguntarse si alguien en el Gobierno habrá pensado alguna vez en estas cosas. Si esto es así, sugiero entonces que el gremio y las escuelas de economía y administración, o ¿por qué no?, Fedecámaras y Consecomercio, nos cuenten su versión del asunto.
Médico y profesor universitario
romeronerio@hotmail.com