Por GABRIELA ROJAS / grojas@el-nacional.com
01 de octubre de 2017 07:15 AM | Actualizado el 01 de octubre de 2017 07:34 AM
Un promedio de cinco años de retraso tienen las universidades autónomas en la renovación de los cargos de rectoría y decanatos. El TSJ trancó el juego desde 2011, cuando la Sala Electoral y luego la Constitucional admitieron recursos que impidieron nuevas elecciones. Y ahora el CNU designa los cargos vacantes sin respetar las competencias de cada consejo universitario. Las autoridades de las casas de estudios desean entregar el testigo, pero aseguran que seguirán al frente de sus responsabilidades el tiempo que sea necesario para frenar los intentos del gobierno de desconocer la autonomía universitaria
En el Rectorado de la Universidad Central de Venezuela una pared muestra los rostros de los rectores que marcaron la historia que la precede. La primera mujer rectora en 286 años, Cecilia García-Arocha, llegó a esa oficina en mayo de 2008, luego de ser elegida por la comunidad universitaria como principal autoridad. Y aunque desde junio de 2012 debió entregar el testigo, puesto que en la UCV no existe la figura de reelección en el mismo cargo, ya cumple 2 períodos debido a una serie de decisiones jurídicas y políticas.
El mismo escenario se repite en los rectorados de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la
Unexpo, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y por consiguiente en sus consejos directivos y decanatos.
Los cuatro cargos principales –rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario– se deben renovar cada cuatro años y se eligen a través de la votación de los miembros de la comunidad académica, regulados por una comisión electoral que responde y organiza elecciones según los reglamentos internos de cada universidad.
Pero el conflicto comenzó cuando la Sala Electoral del TSJ decidió la suspensión de elecciones universitarias hasta tanto las casas de estudio modificaran sus reglamentos electorales para ajustarlos a la Ley Orgánica de Educación, promulgada en 2009. No obstante, esta normativa tiene a su vez un recurso de nulidad admitido por la Sala Constitucional porque contraviene el artículo 109 de la Constitución y el 10 de la Ley de Universidades, así que, en la práctica, cualquier decisión tomada sin el acuerdo de la comunidad universitaria representa una violación de su autonomía.
Rita Añez, rectora de la Unexpo y presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios desde el año 2004 hasta 2013, recuerda el inicio del proceso con el que debió lidiar. “En 2011 se iban a realizar las elecciones rectorales de 4 universidades autónomas (UCV, UDO, ULA y LUZ) más 3 experimentales (Unexpo, UCLA y UNET Táchira), pero teníamos como precedente que en 2009 (pocos meses después de que se aprobara la Ley Orgánica de Educación) se suspendieron las elecciones de decanos. Las comisiones electorales estuvieron durante todo el año 2010 presentando recursos ante tribunales para que se reanudaran los procesos electorales de cada universidad”.
Añez señala que llegó 2011 con la suspensión de las elecciones rectorales y a pesar de las 60 sentencias que tenían para solicitar el reinicio de los procesos, la decisión de la Sala Electoral fue obligar a las universidades a hacer un reglamento en 15 días. Pero como la Ley de Educación violaba la Ley de Universidades y la Constitución, la Sala Constitucional entró en el escenario para tratar de dirimir el asunto. Entre amenazas de desacato y multas pasó 2012 sin decisión de ninguna de las dos salas y de allí en adelante el TSJ dejó los procesos electorales suspendidos en el aire.
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