El Nacional – 20 de octubre de 2017 01:01 AM
A escasos días de celebrarse las elecciones regionales, evento que ha suscitado la sospecha generalizada de que fuimos víctimas de un colosal fraude, y al que hemos prestado y seguiremos prestando la atención que requiere, se produjo una insólita decisión judicial que era imposible soslayar, pues se relacionaba con la educación y formación profesional de nuestra juventud.
Pero dada las irregularidades que ahitaron la ruta electoral, debimos postergar el tema que ahora retomamos porque llegó a nuestra redacción un informe titulado “El pensamiento bajo amenaza. Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela”, elaborado por especialistas de las universidades Católica Andrés Bello, Metropolitana, del Zulia, los Andes y Carabobo, en el que se concluye que “existe en el Estado un manejo deliberado de normas, políticas y prácticas para suprimir la libertad académica y la autonomía universitaria”.
Ayer, El Nacional informó que “desde 2012 hasta 2015 se contabilizaron 43 sentencias del TSJ que interfieren en la dirección de asuntos académicos y electorales” de las universidades nacionales y, el pasado 13 de octubre dio cuenta de la arbitrariedad del Tribunal Superior 10° de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, al declarar con lugar el amparo solicitado por un docente (¿?) contratado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, mediante el cual se le eximió de demostrar sus competencias en un concurso de oposición, ¡no en una, sino en tres materias!
El fallo exige “la reclasificación de todos los profesores contratados”, es decir, “la homologación de todos los cargos académicos”. Y, en su ordinal quinto, el escandaloso fallo estipula que mientras “no haya elecciones […] la Universidad Central de Venezuela debe abstenerse de llamar a nuevos concursos de oposición”.
La decana, Lourdes Wills Rivera, al referirse a este dictamen antiautonómico que permite el ingreso a los escalafones de personas “sin pruebas de conocimiento y sin credenciales”, declaró que “se trata de una decisión sin precedentes contra el conocimiento y los estatutos republicanos dictados por Simón Bolívar en 1827, que crearon los concursos de oposición en la universidad”.
No es necesario leer la sentencia para conjeturar que esta podría ser producto de compadrazgos y barruntar que se basa en jurisprudencia sentada por ese sabio jurisconsulto Hugo Chávez, con la que, entre pitazos insolentes y el aplauso de los enemigos de la inteligencia, acabó con la carrera de 20.000 técnicos y profesionales de Pdvsa.
¡Abajo el conocimiento! ha sido, a partir del atropello oficiado en cadena nacional por el vindicador de la ignorancia como virtud, la consigna que ilumina a sus epígonos para justificar la presencia de tantos incapaces en la administración pública, y dio pábulo a picapleitos sin escrúpulos, ávidos de enchufarse donde están los cobres, para forjar currículos que los convirtieron en magistrados cuyos veredictos se fundamentan en el plan de la patria y los estatutos del PSUV.
Sí, ¡abajo la inteligencia, muera el conocimiento!, porque talento y saber son privilegios de la derecha y la burguesía. Eso piensa el presidente obrero, si es que piensa.
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