Carlos Romero Mendoza. 19 de enero de 2018
El 5 de enero de 2018, el diputado Omar Barboza[1] asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional, y en sus palabras advirtió que los venezolanos experimentamos una crisis muy grave, sin precedentes en nuestra historia, que además nos coloca en una situación que calificó como de emergencia nacional, que sólo puede ser superada a través de un necesario cambio político.
Así mismo, el presidente de la Asamblea Nacional reconoció el sentido de urgencia que tienen los pasos necesarios para lograr reconstruir la unidad, y calificó esa tarea como un deber político y ético de todos los parlamentarios. También, exhortó a toda la dirigencia política democrática a estar al lado del pueblo en estos momentos y a incorporarse a una verdadera unidad, pues sólo así se podrá lograr el cambio político que la realidad del país demanda.
¿Qué estrategia plantea el nuevo presidente de la Asamblea Nacional para lograr reconstruir la unidad, y promover que el Parlamento esté al lado del pueblo?
Es oportuno recordar que en el pasado reciente hubo dos estrategias interesantes que en teoría permitían un acercamiento institucional y formal de los ciudadanos organizados a la Asamblea Nacional, y que en su oportunidad se enmarcaron en las acciones orientadas a la defensa de la democracia y la Constitución.
La primera de esas estrategias, fue aprobada en el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, del 13 de octubre 2016, en el cual se acordó la responsabilidad de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período 2016 de liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran Movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.
La segunda estrategia, se ubica en mayo del año 2017, cuando se conformó el Comité del Frente de la Defensa de la Constitución, definido como una fórmula política para incorporar a todas aquellas personas que buscan en la unidad nacional la respuesta que necesita el país, según las palabras del diputado Enrique Márquez[2].
El Diputado Márquez también calificó esa estrategia como un paso fundamental para el rescate y reconstrucción del hilo constitucional en Venezuela.
Ese Comité estuvo –o está– presidido por Ricardo Combellas, y a su vez se subdividía en distintos frentes, los cuales vale la pena recordar para fines de este artículo:
Frente para la defensa de los Derechos Civiles, para la defensa de los Derechos Políticos Electorales, para la defensa Derechos Sociales y Familia, para la defensa de los Derechos Educativos y Culturales y para los Derechos Comunitarios. En fin, distintas áreas con la participación y corresponsabilidad de importantes actores de la sociedad civil.
¿Qué resultados lograron esas iniciativas de la Asamblea Nacional a los fines de promover un mayor acercamiento entre los diputados, la Asamblea Nacional y los ciudadanos? ¿Cómo han contribuido esas iniciativas para la defensa de la Asamblea Nacional como único Poder Público legítimo del Estado Venezolano? ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esas iniciativas para poder comprender mejor los pasos que hay que dar para que, desde el Parlamento, se contribuya a reconstruir la unidad y se promueva la acción política al lado del pueblo?
En estos momentos tan complejos que vivimos, la Asamblea Nacional está llamada a reivindicarse como espacio institucional natural para el debate de los asuntos de interés nacional, y desde esa posición política, asumir lo que llamó el diputado Barboza el deber político y ético de reconstruir la unidad.
A tal fin, la Asamblea Nacional podría abrir un debate político sobre el desarrollo nacional, a través del cual se construya, y se presente al país, una propuesta alternativa de desarrollo nacional, que responda claramente al marco constitucional y democrático del país.
Un debate político para construir una especie de agenda para el desarrollo del país, podría concretarse a través del Acuerdo Nacional para el Rescate de la Democracia y la Constitución, en cuyo contenido se registren los consensos básicos sobre los temas nacionales que deben ser abordados como prioritarios y que sólo pueden ser atendidos de manera efectiva si se logra un cambio político en el país.
El Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, presentado en el 2017 por la MUD, es uno de los documentos que sirven de base para ese debate político a que se hace mención antes; pero además, debería complementarse estratégicamente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas y que hoy representan una Agenda Global para el desarrollo de las Naciones.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, son marco referencial útil y oportuno para orientar el debate político en la Asamblea, que claramente puede concluir en un Acuerdo Nacional que se legitime con la consulta abierta y plural a los electores venezolanos y que se contraponga como alternativa viable a la propuesta del Plan de la Patria 2019-2025.
Puede servir esta estrategia para hacer un juicio crítico y político al Plan de la Patria 2013-2019, en un ejercicio de contraloría política del Parlamento venezolano. Al debatir los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, necesariamente tenemos que abordar el tema del agua, la pobreza, la seguridad alimentaria, las ciudades sostenibles, la salud, entre otros temas.
La propuesta también permite reclamarle al régimen el intento de imponer, nuevamente, un proyecto país que no se sustenta en la voluntad de una enorme mayoría del pueblo soberano. Además, es una acción que permite recordar al régimen en dónde reposa la legitimidad política de representación del pueblo soberano.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 no son ajenos a la labor legislativa y de debate político de los Parlamentos del mundo. Es más, vale la pena recordar que en la 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Hanoi en 2015, se acordó como compromiso que todos los Parlamentos buscarían contribuir de manera efectiva a garantizar que las leyes y presupuestos aprobados estén en consonancia con los planes nacionales de desarrollo sostenible y que además procurarían a exigir a sus respectivos gobiernos que adecúen esos planes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.[3]
Por lo tanto, la Asamblea Nacional podría asumir un papel de facilitador político de un proceso de construcción de consensos sobre las prioridades de una agenda para la restitución de la democracia y la Constitución, pero además, contribuiría a identificar aquellos temas sobre los cuales edificar la mayor cohesión posible, y con ella la mayor unidad posible.
Ya hemos experimentado que la unidad electoral no es suficiente. Es urgente una verdadera unidad, y para llegar allá, la unidad en el Parlamento es una pieza fundamental en esta lucha cívica, pacífica y de resistencia por reencontrarnos con la democracia y la Constitución.
El país reclama voluntad política y, con ella, recuperar niveles adecuados de confianza entre el pueblo y sus representantes legítimos.
[3] Unión Interparlamentaria. Informe Anual 2015.