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Profesores universitarios “condenados a muerte”

Jesús Elorza G.

Es del conocimiento del país en general y del Gobierno Nacional en particular que el presupuesto asignado a las Universidades venezolanas para su funcionamiento y el pago de sueldos y salarios resulta inferior a sus necesidades reales, lo que afecta el nivel de vida de los miembros de la comunidad universitaria, y las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, de investigación, extensión, administrativas  y estudiantiles.

El incumplimiento de la Ley de Presupuesto y del cronograma de desembolsos mensuales de los recursos para el pago de los salarios violentan los preceptos constitucionales y legales en materia laboral, lo que impacta el derecho a un salario suficiente y oportuno que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, lo que se ve agravado en la realidad por el alto índice de inflación, y desabastecimiento en el sector agroalimentario y de salud.

Es imperativo la revisión y actualización inmediata de la tabla de salarios  y beneficios socio económicos de los trabajares universitarios, que permitan elevar la calidad de vida afectada por el deterioro progresivo ante un reiterado incumplimiento de los derechos laborales del sector universitario, que se profundiza en virtud de la crisis política, económica y social  por la que atraviesa el país, y que ha llevado al personal docente, administrativo y obrero al empobrecimiento de su calidad de vida.

Una de las áreas socio-económicas de mayor afectación es  la de salud. El gobierno en su pretendida política de permanente agresión contra la universidad solo busca centralizar los recursos económicos relacionados con las pólizas de seguros HCM pasando por encima de los IPP del sector universitario, dejando de esa manera desamparado al personal de la comunidad universitaria. Igualmente, la permanente reconducción presupuestaria no permite indexar los montos asignados a la seguridad social con los índices inflacionarios, lo que se traduce en un pírrico presupuesto para atender las emergencias que los problemas de salud puedan generar en el personal de la universidad.

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El largo y sinuoso camino hacia una rebaja de deuda


CAMBRIDGE – Los impagos están de vuelta. Aunque estos últimos años las finanzas soberanas lograron atravesar sorprendentemente bien una terrible recesión global y el derrumbe de precios de los commodities, un modelo económico fracasado no puede durar para siempre, y la lenta sangría de las economías de Puerto Rico y Venezuela ha forzado a sus gobiernos a decir “no más” a la devolución de sus deudas.


44bdd392f5a2be768dce48a2b0c1aba7.2-1-super.1.jpg (1360×680)Hace unos meses Puerto Rico se declaró en bancarrota. En ese momento, el territorio estadounidense asociado debía unos 70 000 millones de dólares, más un pasivo de unos 50 000 millones por pensiones. Así que fue la declaración de bancarrota “municipal” más grande de la historia de Estados Unidos.

La crisis de deuda llegó tras más de un decenio de recesión (el PIB per cápita portorriqueño viene en caída desde 2004), mengua de la recaudación y un sostenido descenso de la población. Para agravar todavía más esta tendencia demográfica, los que dejan Puerto Rico en busca de mejores oportunidades en el territorio continental de Estados Unidos son mucho más jóvenes que la población que se queda. Y en septiembre, en medio de dificultades económicas cada vez peores, el huracán María asestó a la isla y a sus residentes un golpe todavía más devastador, cuyas consecuencias se sentirán por años o tal vez décadas.

Más cerca en el tiempo, a mediados de noviembre, Venezuela entró en cesación de pagos de la deuda externa pública y de deudas de la petrolera estatal, PDVSA. Pero mucho antes de esta última manifestación de bancarrota nacional, ya estaba impaga la deuda interna oficial (en forma explícita o por la hiperinflación desatada).

Amén de los 60 000 millones de dólares que el Estado venezolano y PDVSA adeudan a bonistas extranjeros, se presume que estas entidades deben una cifra comparable (o tal vez mayor) a Rusia y China. Según el último informe Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, el PIB real per cápita venezolano se contrajo casi 40% desde 2008. Se prevé que en 2022 la pérdida acumulada deje el producto per cápita más o menos por la mitad de lo que era hace diez años. Pero semejante colapso económico (más propio de tiempos de guerra) no termina de expresar el grado de padecimiento humano implícito en la escasez prolongada de medicinas y alimentos que azota al país.

La historia de las reestructuraciones de deudas soberanas es larga y a menudo tortuosa. Pocos han sido los casos que se resolvieron en forma pronta o amigable, y en general son aquellos en que la reestructuración sólo implicó alguna concesión respecto del tipo de interés y una prórroga de los vencimientos de la deuda pendiente de pago. En pocos casos hubo anulación de una parte sustancial del capital adeudado. Es decir, no hay una “quita, rebaja o borrón” significativo para los acreedores, y el estado endeudado sólo consigue en el mejor de los casos un alivio limitado.

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La sexta fortuna más grande de EEUU demanda a Venezuela ante la Corte Federal.

http://elestimulo.com/elinteres/la-sexta-fortuna-mas-grande-de-eeuu-demanda-a-venezuela-ante-la-corte-federal


Los hermanos Charles y David Koch, que representan la sexta mayor fortuna en Estados Unidos, superados tan sólo por empresarios como Bill Gates, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos e involucrados en la reciente compra de la revista Time, decidieron demandar a Venezuela ante la Corte Federal en Washington para poder cobrar $409 millones por una empresa de fertilizantes expropiada por Hugo Chávez.


KochDespués de varios años de litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, los hermanos Koch decidieron demandar al gobierno de Nicolás Maduro ante la máxima corte, ubicada en Washington, por un fallo favorable del Ciadi sobre la empresa Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela (Fertinitro).

En octubre de 2010, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, expropió Fertinitro, ubicada en el estado Anzoátegui (este), en la que la corporación Koch Minerals Sarl mantenía una participación de 25%.

Koch Minerals Sarl es parte de Koch Industries, uno de los tres mayores conglomerados industriales de Estados Unidos (por detrás del grupo Cargill) que factura al año alrededor de 100.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Otra compañía de los hermanos, Koch Nitrogen International, tenía contratos para comprar el amoníaco y la úrea resultantes que procesaba la empresa venezolana con un descuento acordado como parte de la inversión. Esos contratos estaban protegidos por un tratado bilateral de inversión suizo-venezolano, señala la información publicada en Latin American Herald Tribune.

Tras la expropiación, las empresas Koch no recibieron indemnización, por lo que en 2011 acudieron al Ciadi. Un panel de arbitraje integrado por tres jueces falló a favor de la compañía y sentenció a Venezuela a pagar $409 millones.

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Sentencia del TSJ abre debate sobre ampliar competencias a inspectorías del trabajo.

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sentencia-del-tsj-abre-debate-sobre-ampliar-competencias-a-inspectorias-del-trabajo/

trabajo-nota1Pocas veces una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como la n.° 758 emitida por la Sala Constitucional el pasado 27 de octubre, desencadena tantos hechos contrarios al texto y la ley: no sólo confundió en su alcance, sino que fue usada para endilgar obligaciones que no incluye el fallo y se configuró en un elemento que prueba la ruptura del orden legal en el país.

La decisión se refiere a un amparo introducido por trabajadores de Cervecería Polar, que buscaba se ejecutara un reenganche ordenado por la Inspectoría del Trabajo que no fue admitido por el juez al considerar que el recurso no era idóneo para ese tipo de solicitud.

La Sala Constitucional, al revisar la sentencia del tribunal, ordenó que se admitiera el amparo por ser la única alternativa de los empleados ante la desobediencia del patrono para obtener de manera rápida y eficaz la restitución de la situación jurídica infringida.

Dentro del fallo, además, se planteó un obiter dictum, que es una afirmación que de pasada hace un tribunal en la decisión y que no tiene relación directa con el caso que se le presentó.

Específicamente en ese obiter dictum, la Sala esbozó la necesidad de que sea reformada la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), a los fines de otorgar a las inspectorías del trabajo competencias para ejecutar directa y forzosamente sus órdenes de reenganche y pago de salarios caídos.

El TSJ argumentó que si bien la LOTTT –aprobada en 2012– fue un importante avance en materia laboral, la misma podría complementarse con la ampliación o revisión de las potestades de las inspectorías del trabajo, de manera de lograr el efectivo cumplimiento de sus providencias administrativas, como las que ordenan el pago de salarios caídos de los trabajadores.

Para promover su planteamiento, la Sala resolvió enviar copia de la decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), buscando que analice la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo.

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Denuncian “artificios” en contra de autonomía

EL NACIONAL – 02 de noviembre de 2017 01:15 AM


La UCV rechazó la orden judicial de suspender los concursos y exigió respeto al derecho a la educación


Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.jpgEl Consejo Universitario de la UCV, en sesión extraordinaria, rechazó la sentencia del Tribunal Superior 10° de lo Contencioso Administrativo, del 17 de octubre de 2017, por considerarla una violación de la Constitución y de las leyes que rigen la actividad universitaria, y exigió respeto a la institucionalidad, al derecho a la educación, así como a los derechos humanos de la comunidad docente y estudiantil.

El tribunal, al acordar un amparo solicitado por un profesor de Derecho contratado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien alegó que el llamado a concurso de oposición que se hizo en septiembre violó su derecho de igualdad y del trabajo, ordenó suspender los concursos de oposición para el docente y todos aquellos que estuviesen en la misma condición, “mientras no haya elecciones universitarias mediante las cuales se designen autoridades legítimas, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas”.

El Consejo Universitario en un comunicado consideró que la decisión judicial desconoce el sistema de ingreso, ubicación y ascenso en el escalafón del personal docente y de investigación de la casa de estudios, y denunció el uso “de artificios y manipulaciones” para lesionar la autonomía.

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Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia

Laura Louza S

La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.
En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.
Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

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Sindicalistas en Bolivia denuncian “dictadura civil” de Morales que criminalizará la protesta

Mamela Fiallo – Oct 27, 2017, 4:23 pm –

La Central Obrera Boliviana que respaldaba a Evo Morales ahora habla de dictadura civil. (Flickr)Frente a la Cámara de Diputados, el miércoles 25 de octubre, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, dijo que el nuevo Código del Sistema Penal va a “criminalizar la protesta”, con lo cual se pretendería institucionalizar la dictadura en el país.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja sostiene que el Art. 294 no prohíbe ni sanciona las movilizaciones sociales. Afirma que el artículo ya existía en el anterior Código Penal y solo se cambió un par de letras en la redacción.

No obstante, de acuerdo con la versión disponible de la anterior versión del código penal en la página de la Organización de Estados Americanos (OEA) cambia más que un par de palabras y termina aumentando las penas.

El artículo dice:

“Las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo”.

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Empleo independiente en Cuba, el engaño de la dictadura para perpetuar la dependencia

Nelson Rodríguez Chartrand – Oct 30, 2017, 10:00 am

cuentapropistas-2Muchos pensaron que la autorización del trabajo por cuenta propia sería el comienzo de una apertura económica para el pueblo de Cuba. Sin embargo, no fue así. En verdad sólo ha sido una estrategia macabra, una más de los dictadores cubanos, para engañar al pueblo y acomodar a sus elegidos.

¿Cuándo acabaremos de concientizar que la propiedad privada de los otros ha sido, es y será el principal enemigo de los dictadores cubanos?

Fue en el año 2010 que el Gobierno cubano puso en vigor un sinnúmero de decretos leyes y resoluciones autorizando los trabajos privados, que de privados no tienen nada. ¿Cómo poder hablar de negocios privados en un país donde la producción está absolutamente monopolizada y  controlada por el Estado?

La realidad es que en el año 2010 la situación en Cuba era tal que no había ni salario para pagarle a los trabajadores y por ese motivo por los gobernantes cubanos optaron por reducir las plantillas de los centros de trabajo, despidiendo, bajo el nombre de trabajadores disponibles, a miles de personas vendiéndoles la idea de los beneficios del cuentapropismo.

No obstante, después de 7 años, el cuentapropismo se ha convertido en un medio más de explotación al pueblo, al verse elevados los precios de los productos en muchos casos a más del 50 %,  mientras que los salarios y jubilaciones se mantienen igual.

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Apagaron la señal de un icono de la radiodifusión y patrimonio de todos los tachirenses.

 

Cierran la Cultural pero permiten 3 emisoras de la guerrilla ELN en Táchira

Muera la inteligencia

El Nacional – 20 de octubre de 2017 01:01 AM

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/UCV_2015-000_Reloj_de_la_UCV.JPG/170px-UCV_2015-000_Reloj_de_la_UCV.JPGA escasos días de celebrarse las elecciones regionales, evento que ha suscitado la sospecha generalizada de que fuimos víctimas de un colosal fraude, y al que hemos prestado y seguiremos prestando la atención que requiere, se produjo una insólita decisión judicial que era  imposible soslayar, pues se relacionaba con la educación y formación profesional de nuestra juventud.

Pero dada las irregularidades que ahitaron la ruta electoral, debimos  postergar el tema que ahora retomamos porque llegó a nuestra redacción  un informe titulado “El pensamiento bajo amenaza. Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela”, elaborado por especialistas de las universidades Católica Andrés Bello, Metropolitana, del Zulia, los Andes y Carabobo, en el que se concluye que “existe en el Estado un manejo deliberado de normas, políticas y prácticas para suprimir la libertad académica y la autonomía universitaria”.

Ayer, El Nacional informó que “desde 2012 hasta 2015 se contabilizaron 43 sentencias del TSJ que interfieren en la dirección de asuntos académicos y electorales” de las universidades nacionales y, el pasado 13 de octubre dio cuenta de la arbitrariedad del Tribunal Superior 10° de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, al declarar con lugar el amparo solicitado por un docente (¿?) contratado por la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, mediante el cual se le eximió de demostrar sus competencias en un concurso de oposición, ¡no en una, sino en tres materias!

El fallo exige “la reclasificación de todos los profesores contratados”, es decir, “la homologación de todos los cargos académicos”. Y, en su ordinal quinto, el escandaloso fallo estipula que mientras “no haya elecciones […] la Universidad Central de Venezuela debe abstenerse de llamar a nuevos concursos de oposición”.

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