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el 5E y sus obstáculos comunales

Carlos Romero

En diciembre 2014, en el marco de la celebración de los 15 años de vigencia de la Constitución Nacional, el Presidente Nicolás Maduro, se comprometió a dedicarse de manera exclusiva a recuperar la economía del país, delegando la responsabilidad en los temas sociales a su vicepresidente y demás ministros.

Entonces, Maduro advirtió que recorrería fábricas, campos y la frontera para derrotar a lo que calificó la “mafia criminal” y así lograr para este año 2015 el “redespegue productivo y de diversificación de la economía”, de manera que se pudiera cuidar el empleo, el ingreso y las misiones.[1]  Los resultados están a la vista.

Un año después, en el marco de los 16 años de la aprobación de la Constitución Nacional, el Presidente de la República y el Presidente saliente de la Asamblea Nacional, hacen unos anuncios, cada uno por su lado, que lejos de honrar su juramento de respeto a la Constitución, ponen en duda su propia vigencia y en consecuencia, abren el camino para que aquél calificativo de “moribunda” vuelva a tener espacio en nuestra historia política constitucional.

Un primer anuncio corresponde al Presidente saliente de la Asamblea Nacional, quien decide, conformar un Parlamento Nacional Comunal y un segudo anuncio, advierte la posibilidad que tiene el Presidente de la República de dictar mediante la habilitante una ley para regular lo que ha llamado Consejos Presidenciales.

Ni el Parlamento Nacional Comunal, ni esos Consejos Presidenciales son mencionados en las leyes del poder popular y menos aún, encuentran referencia alguna en la Constitución.  Estas figuras, son simplemente inventos con los cuales se pretende ignorar los resultados del 6 de diciembre de 2015 y claramente persigue reorganizar a los seguidores del oficialismo, es lo único que tienen para ofrecerles.

El gobierno pareciera querer reeditar aquél diciembre 2010, cuando la Asamblea Nacional, a espaldas de los ciudadanos e ignorando el resultado del referendo del 2 de diciembre 2007 impuso el modelo comunal.

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La Información y Participación en la crisis de la Basura.

Artículo escrito para POLITIKA UCAB por Carlos Romero Mendoza – 23 de octubre de 2015

http://politikaucab.net/2015/10/23/informacion-y-participacion-en-la-crisis-de-basura/

La Encíclica Laudato Si, advierte sobre formas de contaminación que afectan de manera cotidiana a las personas, entre ellas las que se produce como efecto de los residuos, incluyendo desechos peligrosos. El documento Papal afirma que la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura[1].

El tema de la basura es parte de una agenda global que hoy se expresa en los Objetivos del Desarrollo Sustentable aprobados recientemente por la Asamblea General de la ONU y en Venezuela logró tener un espacio en la agenda de la reciente reunión de la Asociación Nacional de Alcaldes realizada el pasado 20 de octubre de 2015 en Carabobo.

En esa reunión, el Alcalde de Valencia afirmó que el tema de la basura preocupa a los otros alcaldes y denunció que la escasez de repuestos e insumos para mantener operativa la flota que existe, la imposibilidad de los gobiernos locales de acceder a divisas para comparar camiones compactadores fuera del país, pues en Venezuela no se están ensamblando esos camiones, se unen al colapso y dificultades operativas de los vertederos para crear una importante crisis en la prestación del servicio de aseo urbano principalmente en los municipios gobernados por alcaldes de la Unidad Democrática .[2]

Como se expresó en un artículo previo, el problema local de la recolección de basura es expresión concreta de un conflicto político entre oficialismo y oposición, que como alerta el Alcalde del Municipio Libertador, Mérida[3], se traduce en la discriminación de los alcaldes contrarios al gobierno central en la asignación de recursos y dotación de equipos necesarios para garantizar la calidad en la prestación del servicio de aseo urbano.

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El reconocimiento del poder local en Laudato Si.

Carlos Romero

Artículo escrito para POLITIKA UCAB por Carlos Romero Mendoza – 23 de julio de 2014

El calendario va acercando la fecha de la Conferencia de París sobre el Cambio Climático prevista para finales de este año 2015, múltiples conversaciones, negociaciones y consultas se están realizando en un esfuerzo por construir consensos que se traduzcan en compromisos globales a través de los cuales se concrete la responsabilidad de cada país en la lucha contra el cambio climático.

Debate Ciudadano 2Mientras la dinámica mundial sigue su curso, la Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común, reconoce el importante papel que puede jugar el poder local en la tarea de lograr grandes aportes en la preservación del ambiente. Las instancias locales representan una mejor oportunidad para lograr mayor responsabilidad ambiental, porque es en ese ámbito, donde se lograría desarrollar con mayor efectividad un fuerte sentido comunitario, una mayor capacidad de cuidado y una creatividad más generosa; además, es allí donde se puede alcanzar un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y nietos.

Laudato Si encuentra en la legislación municipal el instrumento jurídico y político que permitiría alcanzar una mayor eficacia en las políticas ambientales, principalmente en la medida que sobre esas mismas políticas, se logre construir acuerdos de cooperación con poblaciones vecinas para sostenerlas y desarrollarlas.

Debate Ciudadano 3La Encíclica reconoce que la acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje, a la protec­ción de especies y a la programación de una agri­cultura diversificada con rotación de cultivos. Es posible alentar el mejoramiento agrícola de regio­nes pobres mediante inversiones en infraestructu­ras rurales, en la organización del mercado local o nacional, en sistemas de riego, en el desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles. Se pueden facilitar formas de cooperación o de organización comu­nitaria que defiendan los intereses de los pequeños productores y preserven los ecosistemas locales de la depredación.

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CLPP y Desarrollo Local. El Plan de la Patria por atajos del Modelo fracasado.

CLPP Y DESARROLLO LOCAL

Artículo escrito por Carlos Romero Mendoza – 11 de junio de 2015, para Politika UCAB.

La Constitución aprobada en el año 1999 introdujo la figura del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), pero su contenido, misión y alcance logró ser definida con precisión en una ley especial publicada en Gaceta Oficial No. 37.463 el 12 de junio de 2002.

La Ley del Consejo Local de Planificación Pública de 2002 presenta al CLPP como un órgano responsable de la planificación integral de las comunidades organizadas y grupos vecinales, mediante la participación y protagonismo dentro de una política general de Estado, descentralización y desconcentración de competencias y recursos.

Debate Ciudadano 2Aquella primera ley destacaba que cada CLPP respondería en su actuación a las características propias de cada municipio.  Con ello, claramente reconocía, respetaba y garantizaba importantes niveles de autonomía municipal en la planificación del desarrollo local.

El CLPP en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, aprobada en el año 2005, se presenta como la instancia corresponsable de la función planificadora del Poder Público Municipal, llamada a integrar al gobierno municipal y a las comunidades organizadas en el proceso de planificación e instrumentación del desarrollo del Municipio.

La Asamblea Nacional ha impulsado tres reformas parciales a la Ley del Consejo Local de Planificación, una en el año 2006, otra en 2010 y la última en 2013.  Por alguna razón que se desconoce, la reforma parcial a la Ley mencionada sancionada el 1 de agosto de 2013, fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6184, el 3 de junio de 2015.

Con estas reformas parciales, el CLPP ha dejado de ser un espacio institucional, de encuentro e integración entre autoridades y comunidades organizadas a través de la participación ciudadana, para transformarse en un espacio de articulación entre el Poder Público Municipal y el Poder Popular.

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La recuperación de las Parroquias y sus Juntas Comunales.

http://politikaucab.net/2015/05/22/la-recuperacion-de-las-parroquias-y-sus-juntas-parroquiales/

El 16 de mayo de 2015, en la parroquia Sucre del Municipio Libertador, se realizó un conversatorio entre vecinos de Catia y candidatos a las primarias parlamentarias de la  Unidad, promovido por organizaciones locales, y entre los temas conversados, surgió el llamado a recuperar las Juntas Parroquiales en los Municipios del país[1].

Debate Ciudadano 2La recuperación de las Juntas Parroquiales exige una reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) que supere los cambios introducidos al modelo parroquial en la reforma parcial a esta Ley que fue publicada en Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 2010, a partir de la cual las parroquias fueron llamadas a cooperar con la  conformación del Estado Comunal.

Precisamente reposa en el Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad desde el año 2011, que podría contribuir de manera efectiva a la recuperación de las Juntas Parroquiales; según el abogado que impulsó el recurso, José Urquía, el TSJ ha incurrido en un silencio positivo y para esta fecha ya debería haber publicado una decisión sobre ese recurso de nulidad.

Informa el abogado Urquía que según la Ley Orgánica del TSJ, si luego de admitido el recurso, las partes que han sido notificadas para comparecer, no cumplen con ese llamado, entonces debe darse por ganador a la otra parte; por lo tanto, para el abogado, desde el punto de vista técnico jurídico y además por algunas conversaciones privadas que ha sostenido, el TSJ no tiene otra alternativa que ordenar la restitución inmediata de las Juntas Parroquiales[2].

Debate Ciudadano 3Una decisión así, primero eliminaría la denominación de Junta Parroquial Comunal, que aparece en 2010 y retomaría su tradicional nombre de Juntas Parroquiales; y en segundo lugar, ello llevaría a recuperar el voto directo, secreto y universal como forma de elegir a los integrantes de las Juntas Parroquiales, como había venido ocurriendo desde el año 1992 y que se eliminó con la reforma parcial de la LOPPM de 2010.

Mientras el TSJ decide, hay que destacar que algunos Municipios han tenido que proceder a adecuar sus propias ordenanzas al contenido de la LOPPM del 2010; un ejemplo se puede encontrar en el Municipio San Cristóbal[3], estado Táchira, que a través de su ordenanza, en el año 2011, ratificó la legitimidad exclusiva de los voceros de los Consejos Comunales para elegir a los integrantes de Juntas Parroquiales Comunales.

Esa ordenanza redujo la oferta electoral a la cual tenían acceso los ciudadanos de San Cristóbal, pues a partir de entonces todos los electores de ese municipio perdieron la oportunidad de elegir en un proceso electoral a sus representantes políticos en el ámbito parroquial.

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Un paso más al control del Estado sobre alimentos, bienes y servicios o sea, el comunismo totalitario.

El mensaje del 1ero de mayo y un paso más al control del Estado sobre alimentos, bienes y servicios.
Carlos Romero

El Decreto con Rango Valor y Fuerza  de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, Especulación, Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios, publicada en Gaceta Oficial 38.862, del 31 de enero de 2008, declaró en su artículo 4 de manera expresa la utilidad pública e interés social de todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos al control de precios.
Posteriormente el 1 de febrero del 2010 la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial señalado en el párrafo anterior, y si bien mantiene la declaración de utilidad pública e interés social sobre todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación,  acopio, transporte, distribución y comercialización, lo amplía a todos los bienes y servicios
Desde el 2008 el Gobierno quedó facultado a expropiar sin la necesidad de cumplir con formalidad alguna;  en la Ley del 2010, se extendió la medida y se estableció que mientras el proceso de expropiación se desarrollara, el gobierno podría de manera inmediata tomar medidas de ocupación, operatividad temporal e incautación de los bienes y servicios.
En este marco regulatorio que se creó con el Decreto presidencial que originalmente se aprobó en el 2007, luego se reformó parcialmente en el 2008 y se derogó con la Ley mencionada anteriormente del 2010, se introdujo la figura del Comité de Contraloría Social para el Abastecimiento de los Consejos Comunales, como instancia de participación para la promoción de la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de la comunidad.
Igualmente, se les encomendó a esos comité la labor de velar por el control, monitoreo, verificación, vigilancia relativa al abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y agrega la norma, que también de bienes de cualquier otra naturaleza de interés colectivo en toda la cadena de distribución, producción y consumo.

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Aumento de sueldos en Alcaldía de Sucre.

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Ojalá Blyde tenga presupuesto para hacer algo similar y también aumenten a los policías.

¿Qué queda del Municipio?

Artículo escrito para Politika UCAB. Carlos Romero Mendoza / 21 de noviembre de 2014

La Declaración de San Juan advierte que para fortalecer la ciudadanía, es necesario la consolidación, revalorización y profundización de la identidad local

La Ley Habilitante le ha permitido a Nicolás Maduro aprobar una serie de leyes, entre las cuales, no sorprende que haya un grupo que reiteran el rumbo político de consolidar un nuevo orden territorial, sobre el cual edificar un modelo político que aspira a confiscar todo espacio de libertad individual que le vaya quedando al venezolano.

La Ley de Regionalización Integral del Desarrollo Socioproductivo de la Patria, es una de ellas y la misma, tan solo analizando su titulo, advierte la tendencia a regionalizar el territorio, impulsando los distritos motores, los ejes de desarrollo, entre otras figuras que están previstas en el Plan de la Patria 2013-2019 y que también son asumidas en el proyecto de Ley de Planificación, Ordenación y Gestión del Territorio que reposa en la Asamblea Nacional en segunda discusión.

Las otras leyes tienen que ver con la reforma a la Ley de Gestión Comunitaria de servicios, competencias y atribuciones, la Ley de financiamiento para el Poder Popular y la ley que busca profundizar el sistema nacional de Misiones, estas tres alertan sobre la transformación del tejido social; es decir, con ellas se profundiza un sistema que a través de financiamiento público, busca conformar las bases de un Estado Comunal, en detrimento del Poder Público Municipal, asumiendo al vecino, no como ciudadano, sino como actor local de la revolución y sus fines.

Mientras la sociedad venezolana experimenta una profunda crisis, que como lo advirtió la Conferencia Episcopal Venezolana en abril 2014[1], es producto de la imposición del Plan de la Patria 2013-2019, en Iberoamérica, los municipalistas han logrado consensos importantes sobre el Municipio que exige el Siglo XXI.

Economía y desarrollo local sostenible: los retos del municipio en el siglo XXI, es el título que registra la Declaración Final del XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas, celebrado entre el 5 al 10 de octubre 2014 en la provincia de San Juan, Argentina; promovido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en conjunto con la Secretaria General Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la Cámara de Diputados de Argentina y la Legislatura de la Provincia de San Juan, Argentina[2].

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Las elecciones de concejales en 1944

imagen carlos 2Mucho antes que el Alcalde existiera como actor político local, electo gracias al voto directo, secreto y universal; la historia política venezolana, registra una evolución cualitativa de gran importancia en el sistema electoral utilizado para la elección de los concejales, luego de la muerte del General Juan Vicente Gómez.

El 2 de junio de 1979, el diario El Nacional en su página 2 de Información, revela parte de esa historia, a través de un reportaje firmado por Antonio Marín y que tituló: Cuando el pueblo votó en 1944.   Las terceras elecciones municipales.

Antonio Marín, el 2 de junio de 1979, desarrolló una interesante entrevista a 3 actores políticos testigos de aquellas elecciones, el primero de ellos Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993); el segundo Gonzalo Barrios (1902-1983) y el tercero fue Rodolfo Quintero (1909-1985).

El reportaje recuerda que en 1944 nuestro país se identificaba como República de los Estados Unidos de Venezuela y era una sociedad con muy escaza “concepción del sistema electoral”;  sólo podían ejercer el derecho al sufragio los mayores de 21 años que pudieran leer y escribir, era un país en el cual el 50% de su población era mujer y no participaba electoralmente, y en el restante 50% había una importante población que era analfabeta, por lo tanto, el total de electores terminaba siendo muy reducido en relación a la población general.

Para el Gobierno de Isaías Medina Angarita, esas elecciones municipales del 22 de octubre de 1944 eran muy importantes, pues venían de dos procesos electorales en los cuales habían sido derrotados, por lo tanto el gobierno se había preparado para ganarlas; a tal fin, creó un partido llamado Partido Democrático Venezolano (PDV), con el cual pretendía derrotar al partido Acción Democrática (AD).

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Una experiencia ciudadana en la defensa del Municipio

Carlos Romero Mendoza / 24 de septiembre de 2014

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009) presenta la participación ciudadana como una responsabilidad cívica que, como miembros de una comunidad, podemos ejercer de manera individual o a través de organizaciones o movimientos representativos.

Esa representatividad, advierte la Carta Iberoamericana, debe lograrse respetando el tejido social existente y facilitando la participación incluyente a través de otras formas legítimas.

En este sentido un grupo de vecinos integrados por más de 30 sectores del municipio Baruta, desde hace varios meses, han iniciado un proceso de conformación de un movimiento denominado RED DE CONSEJOS COMUNALES Y ORGANIZACIONES VECINALES del MUNICIPIO BARUTA, a través del cual, semanalmente desarrollan una agenda temática en la cual incluyen invitados y temas de interés público, general y colectivo.

La RED ha logrado sistemáticamente una nutrida representación en sus sesiones ordinarias semanales, en un mes, por ejemplo, se ha evaluado que más de 100 vecinos participaron y un total de 29 organizaciones mantuvieron su presencia permanente en cada sesión en ese lapso de tiempo mencionado. Es importante destacar, que cada sesión se desarrolla previa agenda y en un espacio público, buscando con ello recuperar esos espacios para el encuentro ciudadano sobre temas inherentes a la ciudad y su desarrollo.

Una primer logro de esta RED, es la contraloría social en materia de residuos y desechos sólidos, a través de la cual se elaboró un informe final, alimentado con las intervenciones del Alcalde Gerardo Blyde, del Concejal Omar Villalba, presidente de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de Baruta, quienes han participado en las sesiones de la RED; e igualmente, responde a la información legal y a los datos técnicos de la operación de recolección por parte de FOSPUCA. Este ejercicio cívico, entre otros aspectos, hace evidente la discriminación política hacia el municipio y sus habitantes en esta materia.

En la actualidad la RED organiza varias asambleas cuya misión es que los vecinos que integran la contraloría social, de manera directa, informen sobre la situación de la crisis en la recolección de desechos y residuos sólidos, y abran el debate sobre posibles soluciones en un marco de corresponsabilidad. Entre las recomendaciones que surgen de esa contraloría, está la activación de una Comisión de Vecinos, prevista en el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, para lograr conformar un espacio institucional que facilite el encuentro efectivo entre ciudadanos y autoridades sobre esta crisis y buscar posibles soluciones o estrategias para abordar la situación.

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