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Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia

Laura Louza S

La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.
En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.
Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

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CNE dividirá en dos la elección de constituyentes

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HERNÁN LUGO-GALICIA hlugo@el-nacional.com

03 de julio de 2017 12:06 AM


En la primera jornada se escogerán los territoriales en los 335 municipios y en la segunda los sectoriales


A diferencia de las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el PSUV solicitó al Sebin y al Cicpc que investigaran la vida de los candidatos, en el caso de los aspirantes a la asamblea nacional constituyente de 2017 se obvió ese trámite, pues de otra manera no se explica cómo se admitieron determinadas postulaciones, en particular de cuatro miembros de colectivos acusados de delitos.

Se trata, según medios web, de Valentín Santana (La Piedrita), que tiene tres órdenes de captura por presunto homicidio; Jorge Luis Navas (Resistencia y Rebelión), que atacó la Asamblea Nacional y a dirigentes de la MUD; José Solórzano, que derribó el 12 de octubre de 2004 el monumento a Colón en el Golfo Triste y el 20 de marzo tomó la panadería Mansión Bakery;  y Joan  Cuevas, que disparó en octubre de 2016 contra manifestantes en  el municipio Libertador, en Mérida.

A la ANC va gente conocida, como el artista Roberto Messuti, Ricardo Sánchez, Gloria Vanegas (“la Caperucita Roja de Chacao”), el asesor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, y Fidel Madroñero (Zurda Konducta).

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Declaración de S.E. Arzobispo Bernardito Auza, Nuncio Apostólico y Observador Permanente de la Santa Sede a la Organización de Estados Americanos, acerca de la situación en Venezuela

JUNE 19, 2017

OAS: Acerca De La Situación En Venezuela

By H. E. Archbishop Bernardito AuzaApostolic Nuncio and Permanent Observer of the Holy See to the United Nations

Declaración de S.E. Arzobispo Bernardito Auza,
Nuncio Apostólico y Observador Permanente de la Santa Sede
a la Organización de Estados Americanos,
acerca de la situación en Venezuela
19-21 de junio de 2017, Cancún, México

Señor Presidente,

La Delegación de la Santa Sede agradece la oportunidad que se le brinda de poder compartir su preocupación por la situación actual de Venezuela, así como su esperanza de que esta reunión en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos pueda ayudar a solucionar la grave crisis que vive el País.

Como es bien conocido, desde el inicio de la crisis, tanto el Santo Padre, como la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal Venezolana, en diversas intervenciones, han llamado a los poderes públicos y políticos, a que, superando los intereses partidistas y las ideologías, escuchasen la voz del pueblo, defendiesen el bien común, creasen un clima de serenidad y de paz social, respetasen la institucionalidad en favor de la convivencia nacional y favoreciesen la acción social de las instituciones nacionales e internacionales para enfrentar la innegable crisis que sufre Venezuela y que golpea fuertemente a su población. Por ello, la Santa Sede ha mantenido siempre una posición clara, reclamando a todos los líderes políticos el cese de la violencia e instando al respeto de la verdad y de la justicia.

Señor Presidente,

Sin dejar de exhortar a la negociación, ni de advertir de los peligros de los discursos belicistas y agresivos, la Santa Sede mostró, en todo momento, su disponibilidad a colaborar en la búsqueda de una solución pacífica, duradera y viable a la crisis venezolana, con la condición de que así lo solicitasen formalmente tanto el Gobierno como la oposición, como efectivamente ocurrió.

Como es sabido, en octubre y en noviembre de 2016, se celebraron encuentros de la Mesa del Diálogo Nacional en Caracas, y teniendo en cuenta que los acuerdos allí alcanzados no eran aplicados, el Cardenal Secretario de Estado, en nombre y por disposición del Papa Francisco, remitió una carta a las partes y a los restantes acompañantes el 1º de diciembre. En ella, en cumplimiento del rol de acompañamiento al que la Santa Sede había sido llamada, se solicitaba:

  • Que se tomasen las providencias necesarias para la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que estaba sufriendo la población, a la vez que se aseguraba la plena disponibilidad de las instituciones de la Iglesia católica, entre ellas Caritas, a prestar toda la ayuda posible, con los medios a su alcance, para salir de esta situación de emergencia social;
  • Que las partes concordasen el calendario electoral que permitiese a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro;
  • Que se tomasen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución;
  • Que se encontrase el modo de acelerar el proceso de liberación de los detenidos.

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Allan Brewer Carias analiza el polémico instructivo del PSUV sobre la Constituyente

El profesor de derecho público, Allan Brewer Carias, explicó porque la Asamblea Nacional Constituyente no debe ser instaurada en Venezuela.

Por medio de una serie de tuits en su cuenta de Twitter, Brewer aseguró que, según el instructivo del Psuv para las Asamblea Populares para la promoción de Asamblea Nacional Constituyente, la reforma constitucional eliminará el Estado Federal y con ello a los Estados y Municipios, al tiempo que todo el poder quedará en manos de los Consejos Comunales.

De igual manera, remarcó que la convocatoria eliminaría del todo la democracia representativa y el sufragio universal, directo y secreto, creando una nueva forma de votar que designará a integrantes de Comunas en lugar de permitir votar a todo el pueblo, otorgando más poder al partido de Gobierno.

Asimismo, indicó que la ANC eliminará la propiedad privada y con ello la libertad económica, pues aseguró que es “falso que pueda haber inversión privada con participación absoluta del Estado”, lo que no resolverá el problema económico, sino que lo empeorará. De acuerdo a Brewer, “el problema económico no se puede resolver con una economía totalmente controlada por el Estado y su burocracia”.

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Introducen solicitud ante la FGR: Magistrados de la Sala Constitucional podrían pagar 16 años de presidio

La Patilla.com

Los abogados Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, Fernando M. Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte entregaron una denuncia en la Fiscalía General de la República solicitando iniciar el procedimiento constitucional y legal que permita establecer si las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dieron  lugar a los delitos de conspiración y de violación de tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Según los juristas estas Sentencias configuraron los citados delitos, ya que las mismas causaron una ruptura del orden constitucional, lo que se traduce en la destrucción de la forma política republicana del Estado venezolano, tal como está contemplada en la Constitución; comportamiento previsto como punible en el artículo 132, encabezado, del Código Penal, y cuya pena es de 8 a 16 años de presidio. Sumado a lo anterior, está el quebrantamiento de tratados internacionales, del artículo 155, numeral 3º, del Código Penal, en virtud de la violación de los principios de democracia y estado de derecho contemplados en tratados internacionales aprobados por Venezuela.

Recalcan los profesores, que “el arrebatarle la potestad de legislar a los representantes del pueblo para esa función, es negarles a los ciudadanos el derecho de participar en la función legislativa a través de quienes eligió como sus mandatarios, los diputados de la Asamblea Nacional; función que no pueden ejercer los jueces, pues no han sido elegidos por el pueblo, ni tampoco por el Ejecutivo, pues el presidente de la República no fue elegido para legislar. Así, estas decisiones desconocen la institucionalidad democrática, la separación de los Poderes y la legitima representación del pueblo.”

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Pensar en la ciudad que queremos exige cambio del modelo político

Artículo escrito para Politika Ucab.  Por :Carlos Romero Mendoza – 4 de noviembre de 2016

https://politikaucab.net/2016/11/04/pensar-en-la-ciudad-que-queremos-exige-el-cambio-del-modelo-politico/

La crisis en la distribución del agua potable, continua y de calidad; la dificultad de garantizar iluminación permanente en muchas de las calles de nuestras comunidades; el control político y la centralización en materia de seguridad ciudadana y justicia de paz, y la ausencia de un verdadero compromiso político frente al desafío que impone el cambio climático, son algunos problemas que atentan contra el desarrollo de nuestras ciudades.

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El deterioro y atraso que experimentan nuestras ciudades es consecuencia del modelo político, social y económico que el gobierno ha intentado imponer. Esa afirmación es coherente con los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, que reconoce al gobierno central como el responsable de la planificación urbana y rural de las ciudades.

La reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, celebrada en Quito el pasado mes de octubre, concluyó con la aprobación de un documento titulado Nueva Agenda Urbana, cuyo contenido plantea a gobiernos locales y estadales una serie de compromisos en materia urbana.

 

Los compromisos aprobados por gobiernos locales y estadales, registrados en la Nueva Agenda Urbana, pueden facilitar el camino para valorar, desde distintas perspectivas, el estado en el que se encuentran nuestras ciudades. Esos acuerdos fueron[1]:

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Inviolabilidad e inmunidad de los diputados

Alberto Arteaga Sánchez

Contra toda nuestra tradición civilista, contra la esencia del sistema democrático, contra la progresividad de la participación ciudadana, contra los atropellos del pasado, contra los procedimientos de regímenes autoritarios, contra los abusos del Ejecutivo que se dieron, en otra época, contra disidentes de la izquierda, alzados en armas contra el sistema, el gobierno se ha propuesto reeditar la línea de tiempos superados, habiendo cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento.

En ese pasado oscuro se desconoció la inmunidad parlamentaria de opositores al régimen, exigiéndose la incorporación efectiva de los proclamados al Congreso en sus funciones; se inventó la infausta tesis de la autonomía del delito militar para no ampararlos por la inmunidad y apresar a los dirigentes del Partido Comunista o de la izquierda radical y se pretendió liquidar el espacio mínimo de la disidencia golpista alzada contra el sistema democrático recién instaurado.

Ahora, paradójicamente, los perseguidos de antes se han embarcado en una lucha contra el Parlamento por la única y simple razón de que se trata de una Asamblea de mayoría opositora al gobierno.

Precisamente, debe recordarse que las prerrogativas parlamentarias nacieron para proteger la representación del pueblo ante el monarca en Inglaterra en 1397 y se han mantenido en los sistemas democráticos.

En Venezuela también, superadas etapas autoritarias, se fortaleció el Congreso y se afirmó la posición de sus integrantes para garantizar la estabilidad del sistema y contrarrestar los excesos en los que fácilmente puede caer el Ejecutivo por el peso de la tradición presidencialista.

Por ello, dos prerrogativas de los diputados, restringidas en constituciones como la de 1936 y 1953 y la inequívoca consagración de privilegios funcionales, que solo corresponden a los parlamentarios y que les son ajenos al presidente y a otros altos funcionarios, como lo son la inviolabilidad y la inmunidad.

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Asamblea Nacional. Los bolichicos entraron en el debate eléctrico o mejor, debate sobre la electricidad.

Los bolichicos ya entraron en el debate eléctrico

KonZapata

Enrique Marquez

Foto-Enrique Márquez

Por Alejandro Ramírez Morón @aleramirezve.- Superado el sofocón que supuso el primer punto en el orden del día –las medidas económicas anunciadas el miércoles por Maduro-, y luego de una aséptica discusión sobre el proyecto de acuerdo a propósito del quincuagésimo aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, que –elocuentemente-fuera aprobado por unanimidad de los miembros de la Cámara, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Henry Ramos Allup, declaró abierto el debate sobre la crisis eléctrica.

El primero en el derecho de palabra –traje oscuro y gafas metálicas-, fue el vicepresidente Enrique Márquez. “Corpoelec es un gigante sordo y mudo. Empresas como Enelven y Enelbar fueron un modelo en prestación de servicios”, arrancó por echar la película atrás. Dijo que hoy hay improvisación y falta de planificación. “Corpoelec es una empresa quebrada que no tiene dinero ni para el papel de los recibos de luz”, oscureció el verbo.

Una millonada de dólares

Márquez dijo que se dilapidaron, con el Decreto de Emergencia Eléctrica, nada más y nada menos que 120 mil millones de dólares. “Es verdad que la capacidad instalada se duplicó, pero hoy tenemos un montón de plantas eléctricas que no sirven. Dios quiera que encontremos una solución porque puede colapsar el Guri”, dio con el punto de inflexión. Resulta que el embalse del Guri está ahora sobre los 250 metros, pero si llega a bajar –producto de la falta de lluvias- hasta 240 metros, el colapso eléctrico del país será total, ya que el Guri genera 5000 megavatios que hacen la piedra de toque en el suministro de energía eléctrica del país. La cosa pende de un hilo.

La sesión fue acalorada, sí, pero se trató de un fuego de palabras no exento de mucha argumentación, a ratos baladí, a ratos realmente preocupante. Julio Chávez (PSUV) hizo gala de cabeza fría, y arranco por decir que “es el interés de la bancada de la patria que se llegue al fondo de lo que haya que llegar. Ustedes siguen diciendo que nosotros amparamos la corrupción y el delito, pero eso no es así. Estamos dispuestos a investigar, caiga quien caiga”, hizo tensar la cuerda al extremo.

¿Por qué Julio Chávez se pronunció de este tenor? Porque Enrique Márquez había propuesto de entrada varias cosas. A saber: la creación de una comisión mixta (Administración y servicios, Energía y Petróleo, Contraloría) para atender la crisis eléctrica; exigir al ministro de Energía Eléctrica comparecer ante la AN; coordinar con el Ejecutivo un ajuste del huso horario, para volver al anterior –de modo de ahorrar energía-; investigar la crisis eléctrica 2009-2015 en cuanto a recursos invertidos, costos asociados, y obras ejecutadas; y, finalmente, solicitar a la referida comisión mixta una reforma de la Ley Orgánica de Sistema y Servicio Eléctrico. Mediada una sesión de un par de horas –poco más- las mociones de Márquez serían aprobadas por mayoría.

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