Marcos Negron
En dos sesiones del mes de abril la Asamblea Nacional ha venido avanzando en la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio, una más de las elaboradas por el régimen para contrabandear su anticonstitucional proyecto de Estado socialista, rechazado en 2007 en el referendo para la reforma constitucional. Y en ese afán por dar vida a un modelo de sociedad cuya inviabilidad ha sido demostrada reiteradamente terminan proponiendo estructuras no sólo ilegales sino, además, a contracorriente de los tiempos.
Por ejemplo, hace ya mucho que se ha comprobado que las formas de organización del territorio más innovadoras y económicamente más eficientes son esas extensas y complejas nebulosas urbanas que algunos han llamado mega-regiones entre las que se cuenta el eje Washington-Nueva York-Boston, el binacional Barcelona-Marsella-Lyon o, en nuestra región, la Gran Ciudad de México, que, con apenas poco más del 15% de la población mundial, generan casi el 70% de la actividad económica y patentan cerca del 90% de las innovaciones. Ellas, sin duda, plantean complejos retos sobre todo en tema de gobernabilidad, pero hoy, además de su inevitabilidad, pocos dudan de su conveniencia.
Justamente en estos días el nuevo gobierno italiano ha conseguido que el Parlamento apruebe una ley por la que se venía luchando desde la década de 1990, la cual elimina las antiguas provincias y las sustituye por lo que han llamado las ciudades metropolitanas, constituidas por la integración -no la fusión- de los municipios bajo la dirección de un Alcalde Metropolitano, un Consejo Metropolitano y una Conferencia Metropolitana.
En cambio, la revolucionaria ley que se comenta calla sobre lo metropolitano, con lo cual debe inferirse que busca la eliminación de esa instancia de gobierno, y en cambio coloca por encima de los estados y municipios una Autoridad Regional, designada por el Ejecutivo, que conculca gran parte de las competencias de los anteriores.
No es sólo una ley inconstitucional, lo cual es suficiente para demandar su no promulgación por parte del Ejecutivo, sino que erosiona la descentralización y, más allá de la retórica al uso, minimiza si no anula las posibilidades de la participación ciudadana. Ella misma es buena prueba de esto último: el proyecto en discusión ignora cuando menos parte sustancial de las observaciones hechas en la fase de consulta.
No hay espacio para más consideraciones, pero hay que decir que presenta debilidades conceptuales en muchos otros aspectos, entre ellos la aspiración a unos pretendidos equilibrios territoriales cuando toda la evidencia indica que tal cosa no existe y que, de existir, probablemente sería sólo una señal de estancamiento. Una ley que debe ser desechada si no se quiere seguir sumiendo a la nación en el atraso.
@marconegron
Aquí Opinan
Martes 15 de Abril de 2014 | 14
TalCual