Antonio Ecarri Bolívar 20 de noviembre 2015 – 12:01 am – El Nacional.
Antes que nada permítanme decir, en alta e inteligible voz –para que no vengan a desprestigiar la denuncia con el sambenito de “enemigo de los pobres”, “discriminador” y otras sandeces típicas de los clichés “revolucionarios”–, que soy partidario de que los taxistas venezolanos tengan vehículos nuevos, qué digo nuevos, de última generación y de lujo como sus colegas europeos, quienes trabajan a diario con carros Mercedes Benz, Audi, Fiat, Seat, Regnault o similares. Aunque con la inseguridad no los podrían utilizar. Por eso hubiese sido más pertinente, si de importar vehículos se trataba, traer patrullas, ambulancias y camiones cisternas para bomberos, cuyo déficit genera caos en la seguridad y deterioro en la salud de los venezolanos.
A lo que me voy a referir es al horror de una importación, masiva e injustificada, de 20.000 carros chinos, con el cuento, ídem, de que son para los taxistas venezolanos. Los capitostes del régimen han dicho, públicamente y con el mayor desparpajo, que los compraron por la bicoca de 600 millones de dólares americanos. Si 20.000 carros costaron 600 millones no se necesita ser matemático para concluir que cada carrito salió en la cantidad de 30.000 “machanes” verdes, cuando esos mismos vehículos son ofertados, en cualquier agencia de vehículos del imperio, en una cantidad no mayor a los 12.000 dólares.
El tema, de la adquisición de taxis y su horror, no termina allí. Lo cierto es que con lo pagado a los chinos por 20.000 carros, se hubiese podido producir en el país más del doble. Sí, se habrían podido ensamblar 40.000 vehículos y de mayor seguridad. Con el agregado de que se hubiesen podido salvar más de 100.000 puestos de trabajo que están en la picota y mermando, cada día, con el cierre de las pequeñas y medianas industrias que son el soporte de las ensambladoras.
Ahora bien, todo esto tiene como única explicación la que hemos venido denunciando desde hace más de 2 años: que el gobierno ha preferido implementar una economía de puerto, en vez de pagar a los proveedores internacionales la deuda adquirida por los productores para reactivar una industria que generaba, nada más en la ex ciudad industrial de Venezuela, Valencia, cerca de 100.000 puestos de trabajo.
Es que este modelo de economía de puerto solo fue viable, aunque equivocado of course, mientras el precio del petróleo estuvo por encima de 100 dólares por barril, pero una vez que los precios del crudo se van a pique, entonces llegamos a este desabastecimiento sin precedentes, porque no hay recursos para importar y, adicionalmente, ya no hay forma de producir internamente, pues arruinaron la industria nacional.
Todo indica que estamos hablando de una merma cercana a 90% de los vehículos que se producían en 2007, mientras el gobierno ha preferido, entonces, beneficiar una vez más a las roscas importadoras que han sustituido a los productores venezolanos. Igual ocurre con las empresas de autopartes, las caucheras, los fabricantes de batería y pare usted de contar. Por ello, más de la mitad del parque automotor venezolano está en talleres, esperando unos repuestos que nunca llegan y, cuando aparecen, valen más que el costo de adquisición del vehículo.
Estamos trabajando en un proyecto de ley de protección a la industria nacional que comience con un proceso de sustitución de importaciones, pero con productos de alta calidad, que puedan competir, aquí y en el extranjero, con lo producido en otros países.
Todo lo que aquí denunciamos y las propuestas que vamos a hacer son para comenzar la reconstrucción de Venezuela. Ya falta poco… para que nunca más volvamos a presenciar negociados antipatrióticos como los “taxis del horror”.