El Estado mantiene en cola a dueños de gasolineras estatizadas
Miércoles, 20 de Julio de 2011
Los propietarios de las 20 gasolineras del sur del estado Bolívar, que pasaron a manos de la administración del Frente Francisco de Miranda el 15 de junio de 2010, aún esperan por la realización del avalúo como un paso previo a la indemnización.
Leonardo Suárez Montoya
lsuarez@correodelaroni.com
Foto William Urdaneta/Archivo
Las 20 empresas estatizadas pasaron a manos de la administración del Frente Francisco de Miranda
13 meses llevan los ex propietarios de 20 gasolineras en el sur del estado Bolívar esperando respuesta sobre el proceso de negociación. Contrario a lo que les han dicho, mantienen desconocer del avalúo de los activos. Saben que a la fecha la ocupación forzosa les ha representado más gastos y cese a sus ingresos desde el 15 de junio de 2010.
La negociación para establecer el precio justo tras la ocupación de 15 estaciones de servicio, cuatro distribuidoras y una empresa transportadora de gasolina “no se ha avanzado nada”, afirma Pablo Vásquez, uno de los ex propietarios.
“La gente decidió que no iba a seguir dando los documentos”.
Explica que ello se debe a que el Comité Estratégico de Negociación de la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos exige documentación sin mostrarles a los antiguos dueños el resultado de los avalúos.
Agrega Vásquez que la mayoría de los ex propietarios optó por no entregar los documentos faltantes “hasta no saber de cuánto era el monto en que la EPS Santa Rita valoraba nuestras propiedades (hasta el día de hoy no lo sabemos)”, pues la respuesta de Pdvsa había sido acusarlos de estafadores.
¿Expropiación o confiscación?
Carlos Difelice, ex dueño de la gasolinera El Aro, en el municipio Sucre, agrega que los expropiados redactaron una carta dirigida al Comité Negociador. Esta misiva exige la restitución del “orden jurídico infringido con el ‘despojo” que de manera “directa, flagrante y grosera ha dado al traste con nuestros derechos fundamentales (…) en trance de convertirse en una burda confiscación”.
Desde hace 13 meses, las 20 empresas estatizadas pasaron a manos de la administración del Frente Francisco de Miranda.
El diario zuliano La Verdad publicó ayer en su portal web que el Gobierno nacional “planea ampliar su control en el área de derivados de hidrocarburos, por lo que se prepara para tomar las estaciones de servicio”.
“La toma de las bombas de propiedad privada se llevaría a cabo para entregárselas a la Misión Ribas, que será la única autorizada para el manejo de las operaciones”.
El diputado suplente a la Asamblea Nacional, Manuel “Zamurito” González enfatiza en que “no hay voluntad si quiera de atender a los dueños de las estaciones de servicio” y que la visita al Parlamento fue objeto de molestia por parte de Pdvsa.
Resaltó que la empresa de producción socialista (EPS) Santa Rita aún no entrega el avalúo de las empresas nacionalizadas, aunque cuestiona también, que éste se haya realizado.
Exigencia de orden jurídico
Fechada el 7 de julio, en nueve páginas y poniendo de relieve el artículo 115 de la Constitución, los propietarios dirigieron una misiva al Comité Estratégico de Negociación para que restablezca el gobierno el orden jurídico.
“Las desviaciones, excesos y omisiones que se han cometido en este proceso, encarnan la lesión de nuestros derechos fundamentales y garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, libertad de industria y comercio, igualdad ante las cargas públicas, que más allá de la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado para la reparación de los daños que se nos han causado, se encuentra directamente comprometida la de los funcionarios que con intención, con imprudencia, por negligencia, por ignorancia o abuso de poder han intervenido o permitido que se realice semejante desaguisado en perjuicio del patrimonio de un grupo de modestas familias”.
Sostienen que el “único error o pecado ha sido apostar todos sus recursos (los ex propietarios) y todos sus esfuerzos a un sector de la economía que intempestivamente el Estado ha decidido reservarse bajo un régimen de “monopolio selectivo”, lo cual resulta un contrasentido (…)”.